El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció los fallecimientos de Blas Federico Mendoza Gallardo y José Manuel Ortiz Torres. Los casos fueron relacionados con anemia y complicaciones asociadas a tuberculosis y VIH. La organización exige investigaciones y atención médica para la población penitenciaria.
Por Redacción El Pepazo
Maracaibo, 17 de noviembre de 2026.
Dos muertes reportadas en menos de 48 horas en el Centro de Formación para Hombres Nuevos Dr. Francisco Delgado, conocido como El Marite, han vuelto a encender las alarmas sobre las condiciones sanitarias de los establecimientos penitenciarios del estado Zulia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 17 de noviembre el fallecimiento de José Manuel Ortiz Torres, cuya muerte fue asociada, según la información recibida por la organización, con complicaciones relacionadas con tuberculosis y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
La denuncia se produjo apenas horas después de que se conociera el caso de Blas Federico Mendoza Gallardo, otro privado de libertad que habría fallecido durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre y cuyo deceso fue vinculado con un cuadro de anemia moderada.
Los dos casos han generado nuevas exigencias de investigación, especialmente para determinar si los internos recibieron asistencia médica oportuna y si existieron deficiencias en el suministro de medicamentos.
Hasta el cierre de esta revisión, El Pepazo no ha podido corroborar independientemente las causas clínicas de ambas muertes mediante certificados médicos, autopsias o expedientes oficiales.
Primera denuncia: muerte de Blas Federico Mendoza Gallardo
El lunes 16 de noviembre, el OVP informó sobre el fallecimiento de Blas Federico Mendoza Gallardo, quien permanecía recluido en El Marite.
Según la organización, el deceso ocurrió durante el fin de semana y estuvo asociado a un cuadro de anemia moderada.
La denuncia puso nuevamente en discusión las condiciones de atención sanitaria de los privados de libertad y las dificultades que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, enfrentan sus familiares para conseguir medicamentos, exámenes e insumos médicos.
Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente mediante un informe médico independiente cuál fue la causa inmediata de la muerte ni qué enfermedades o complicaciones adicionales pudo haber presentado el recluso.
Tampoco se dispone de un historial clínico público que permita determinar qué tratamientos recibió antes del fallecimiento.
Segunda muerte: tuberculosis y VIH en el centro penitenciario
El martes 17 de noviembre, el OVP denunció otro fallecimiento en el mismo establecimiento.
La víctima fue identificada como José Manuel Ortiz Torres.
De acuerdo con los datos divulgados por la organización, su muerte estuvo relacionada con tuberculosis y VIH.
Este segundo caso amplía las preocupaciones sanitarias porque involucra enfermedades que requieren diagnóstico, seguimiento clínico y tratamientos específicos.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse por el aire. En espacios cerrados, la detección temprana, la ventilación y la continuidad del tratamiento resultan especialmente importantes.
Por su parte, las personas que viven con VIH necesitan acceso sostenido a los tratamientos indicados por profesionales de salud. El diagnóstico de VIH, por sí solo, no permite concluir que una persona haya fallecido por esa infección.
En el caso de Ortiz Torres, aún está pendiente conocer qué atención recibió, si tenía acceso regular a sus medicamentos y cuál fue la causa médica certificada del fallecimiento.
¿Qué está ocurriendo con la atención médica en El Marite?
La coincidencia de dos muertes denunciadas en un período tan corto plantea interrogantes sobre los mecanismos de prevención y respuesta sanitaria dentro del establecimiento.
El OVP sostiene que las deficiencias en la atención médica y el acceso a medicamentos representan riesgos para las personas privadas de libertad.
También ha denunciado que familiares de reclusos deben asumir gastos relacionados con tratamientos, exámenes y otros insumos que deberían estar disponibles mediante el sistema penitenciario.
Estas afirmaciones requieren una respuesta documentada de las autoridades responsables.
Entre los datos necesarios para evaluar la situación se encuentran el número de médicos asignados al centro, la disponibilidad de medicamentos, la existencia de protocolos para detectar tuberculosis y la cantidad de internos que requieren atención especializada.
La muerte de dos personas bajo custodia no demuestra, por sí sola, que haya existido negligencia médica. No obstante, obliga a esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y las condiciones de asistencia sanitaria que recibieron.
OVP exige investigaciones al Ministerio Público
Ante las dos muertes, el Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó al Ministerio Público investigar las circunstancias de ambos casos y determinar si existieron omisiones en la atención médica.
La organización también pidió a la Defensoría del Pueblo intervenir para proteger los derechos de la población penitenciaria.
Al Ministerio para el Servicio Penitenciario le exigió información sobre las condiciones sanitarias del recinto, evaluaciones médicas para los internos y acceso oportuno a tratamientos.
El OVP considera que las autoridades deben actuar antes de que se produzcan nuevos fallecimientos.
Las investigaciones solicitadas permitirían establecer si los dos reclusos recibieron seguimiento clínico adecuado y si existieron factores prevenibles que contribuyeron a sus muertes.
La Constitución protege la vida de las personas privadas de libertad
La situación también tiene una dimensión jurídica.
El artículo 43 de la Constitución venezolana reconoce la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
Por su parte, el artículo 272 establece principios relacionados con el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
A estas disposiciones se suman las Reglas Nelson Mandela, adoptadas por las Naciones Unidas como estándares internacionales para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
La Regla 24 establece que la prestación de servicios médicos a los reclusos es responsabilidad del Estado.
La Regla 71 contempla la comunicación de las muertes bajo custodia a una autoridad independiente y su investigación.
Estas obligaciones existen con independencia del delito por el cual una persona se encuentre detenida o condenada.
Una preocupación que trasciende al Zulia
Las denuncias sobre El Marite se producen en un contexto nacional de preocupación por la salud de las personas privadas de libertad.
En agosto de 2026, el OVP había informado sobre 51 muertes de reclusos registradas entre abril y julio de ese año.
Posteriormente, la organización denunció otros fallecimientos asociados con problemas de salud en distintos establecimientos penitenciarios del país.
El 10 de noviembre también reportó la muerte de un interno con tuberculosis en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico.
Estos reportes corresponden a registros y denuncias de una organización independiente. No deben confundirse con estadísticas oficiales auditadas ni utilizarse para establecer automáticamente las causas de cada fallecimiento.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Los dos casos registrados en El Marite requieren aclarar aspectos fundamentales.
Primero, las causas médicas certificadas de las muertes de Blas Federico Mendoza Gallardo y José Manuel Ortiz Torres.
Segundo, qué atención recibieron durante los días y semanas anteriores a sus fallecimientos.
Tercero, si existían medicamentos y servicios médicos suficientes para atender sus condiciones de salud.
Cuarto, si se han realizado evaluaciones preventivas a otros internos y si existen protocolos activos de vigilancia epidemiológica, especialmente frente a la tuberculosis.
Finalmente, es necesario conocer si el Ministerio Público abrió investigaciones y qué medidas adoptaron las autoridades penitenciarias.
El Pepazo seguirá atento a las investigaciones
Las muertes denunciadas de dos personas privadas de libertad en menos de 48 horas constituyen un asunto de interés público que merece información transparente, verificación médica y respuestas institucionales.
La prioridad no debe limitarse a establecer qué enfermedades padecían los fallecidos, sino también a determinar si recibieron la asistencia que correspondía mientras permanecían bajo custodia del Estado.
El Pepazo continuará dando seguimiento a las denuncias, las investigaciones y cualquier pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido en El Marite.
Fuente original: Diario Digital El Pepazo https://elpepazo.com
https://elpepazo.com/el-marite-dos-reclusos-fallecidos-noviembre-2026/?fsp_sid=119755











